Desde su arribo mismo a la unidad de antilavado local, sus dos máximas autoridades, José Sbattella y Gabriel Cuomo, montaron un sistema para promover denuncias contra los “enemigos” y, por el contrario, proteger a los “amigos”. Entre ellos, al Banco Macro, según afirman tres ex fuentes del organismo, una fuente que permanece dentro de la Unidad y dos informantes externos.
La decisión de proteger a la entidad bancaria que preside Jorge Brito (foto) se concentra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, donde permanecen bajo llave entre 5 y 10 sumarios, según los recuentos de las distintas fuentes, por infracción al régimen penal administrativo que fijó la ley 25.246, que modificó el sistema de prevención del “lavado de activos de origen delictivo”.
Uno de esos sumarios, según consta en un expediente que arribó a Tribunales por otro banco bajo sospecha, se concentra en la supuesta omisión que tenía el Macro de denunciar una o más operaciones sospechadas de constituir lavado protagonizadas por una compradora de divisas, de doble apellido, en el noroeste argentino, según confirmó un alto funcionario judicial.
A diferencia de lo ocurrido con esa segunda entidad bancaria, sin embargo, el Macro aún no fue denunciado formalmente ante la Justicia Federal, ni tampoco se le aplicaron multas, como sí ocurrió en situaciones similares con los bancos Galicia y BBVA Francés, o el menos conocido Masventas.
En otro de esos sumarios que continúan bajo la órbita de la UIF figuraría, incluso, la firma de uno de los hijos de Brito, también llamado Jorge, entre los ejecutivos del banco que habrían convalidad una de las operaciones luego controvertidas.
pd: el último capítulo de la investigación sobre la UIF (que lleva ya más de un año y medio), publicada en LA NACIÓN, acá.
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