Adjudicación, consulta y marcha atrás

El primer dato me llegó a través de un colega.

“Mirá”, dijo, y me mostró dos papeles.

El primero era la copia impresa del Boletín Oficial del 13 de junio, con la decisión administrativa 422/2011. El segundo; otra copia del Boletín Oficial, del 23 de noviembre, con otra decisión administrativa, la 1253/2011. Una por US$ 2,7 millones; la otra por US$ 14,8 millones.

Comencé a hurgar, a llamar por teléfono y a preguntar. ¿Por qué por lo que aparentaba el mismo sistema, comprado a la misma empresa, un organismo del Estado pagaba casi seis veces más que otro organismo público, sólo cinco meses después?

Luego, como suele ocurrir, esa primera pregunta se difuminó, pero la bola continuó en movimiento.

Y así, 24 horas después del primer llamado “sensible” al Gobierno para consultar y dar el derecho a réplica, llegó la reacción, que hoy publico en LA NACION.

Y dice:

Apenas una semana después de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un multimillonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado” (IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, el contrato fue otorgado a RDS, una firma líder en el sector de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, para que instalara ese sistema en el Renar a cambio de 14,8 millones de dólares, unos 63,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero menos de 24 horas después de que LA NACION consultó al Ministerio por esa compra, trascendió la orden de cancelarla, confirmaron cinco fuentes oficiales y del sector de seguridad.

pd: la nota completa, acá.